La avenida ‘Alcalde Álvaro Domecq’… ¿tiene las horas contadas?

La normativa de desarrollo de la Ley de Memoria de la Junta incluye a todos los cargos del franquismo, por lo que la retirada del callejero de éste y otros nombres parece sólo cuestión de tiempo.

EDITORIAL: De sentido común

Varios monumentos y calles emblemáticas de la ciudad tienen fecha de caducidad en Jerez. Al menos, eso es lo que se extrae del proyecto de decreto por el cual la Junta desarrollará la Ley de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía. Esa ley, que entró en vigor el pasado abril de 2017, daba un margen de 18 meses para la retirada de la simbología franquista. Ahora, con esta ampliación de la norma, serían otros 12 meses más.

La Ley recoge multitud de aspectos que van más allá de la Ley de Memoria Histórica impulsada en el primer Gobierno de Rodríguez Zapatero. Habla de reparación a las víctimas, acusa al franquismo de crímenes de lesa humanidad e implica a las administraciones públicas en la excavación de fosas donde permanecen enterradas muchas víctimas. Y en su artículo 32, exige la retirada de homenajes y monumentos que hagan apología de personas que pertenecieron al régimen de Franco, en el periodo comprendido entre el 18 de julio de 1936 (fecha del golpe) y la aprobación de la Constitución en diciembre del 78. El mandato va dirigido a personas físicas y jurídicas de carácter público y privado. Es decir, a todos: Ayuntamientos y particulares. Estos últimos, por ejemplo, no pueden exhibir placas hacia la vía pública, y serán los encargados de eliminarlas.

El régimen sancionador es duro: Por un lado, hablamos de multas de hasta cientos de miles de euros; por otro, de la retirada de subvenciones y ayudas de la Junta. Esta sanción tendría lugar tras incumplir una resolución de la Consejería competente. Dicho de otro modo, si te pide la Junta que lo hagas y esa solicitud es firme, debes hacerlo o te expones a las consecuencias.

¿Qué significa esto en Jerez?

Lo primero que hay que tener en cuenta es que cualquier persona, en virtud del decreto de desarollo, tendrá derecho a denunciar y exigir la retirada de los elementos contrarios a esta Ley. En la ciudad hay asociaciones memorialistas que se mostrarán activas en esta tarea, además de organizaciones como partidos y sindicatos. Sólo si apreciaran razones artísticas o históricas de calado, cabría duda para que el procedimiento de retirada se paralizase. Esto lo evaluarán los comités técnicos de la Junta.

El nomenclator, en ese sentido, parece que tampoco se salvará. ¿Por qué? Vayámonos al 32.1 de la Ley actual. “La exhibición pública de escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones, como el callejero, inscripciones y otros elementos adosados a edificios públicos o situados en la vía pública, realizados en conmemoración, exaltación o enaltecimiento individual o colectivo del golpe militar de 1936 y del franquismo, de sus dirigentes o de las organizaciones que sustentaron al régimen dictatorial, se considera contraria a la Memoria Democrática de Andalucía y a la dignidad de las víctimas”.

La ley se refiere igualmente al golpismo como a los dirigentes que sustentaron el régimen dictarioral, el comprendido en la Exposición de Motivos entre el 36 y el 78. ¿De qué calles, avenidas o plazas estamos hablando? De algunas de las más emblemáticas a otras menos transitadas. De la avenida Alcalde Álvaro Domecq a la calle en la barriada de La Plata al primer regidor franquista, Juan José del Junco.

“Esa avenida hay que quitarla”, dice Pepe Ruiz Mata, de la Plataforma por la Memoria Democrática. “Cuentan del alcalde Álvaro Domecq que decía en la Posguerra que para comer garbanzos había que ser o Domecq o caballo, que él le daba garbanzos a sus caballos que para eso eran suyos y la gente no”. Entra también la avenida Tomás García-Figueras, también alcalde. La rotonda a Primo de Rivera y Urquijo, frente a El Altillo.

“Tenemos las ideas claras, estamos en contra de estas calles. Los nombres de calles no son neutros, son simbólicos. Y hay que elegir qué valores queremos que tengan, sin ensalzan la democracia y la Justicia o dejar los de la dictadura”, dice Santiago Sánchez, líder de Ganemos. Yendo un paso más allá y preguntado al respecto, se le pregunta por el monumento a Miguel Primero de Rivera, en El Arenal, que como tal no entra en la Ley de Memoria Democrática Andaluza. “Se ha asumido a Primo de Rivera en la cotidianeidad y también son valores que no son los que queremos transmitir”. “Las calles hablan, y nos dicen que los valores de una dictadura son buenos, y no lo son”.

Raul Ruiz Berdejo, líder de Izquierda Unida, coincide. “Queremos cumplir con la ley, está para cumplirla, con esto también. En unos meses no debe quedar vestigio alguno. La Ley es muy clara, hay cuestiones incontrovertibles, está documentado quién participó de una manera u otra en el Golpe y en la Dictadura. Los colaboradores, los políticos, entran en esos límites. Aunque se haya ampliado el límite para cumplir, va tarde, esperemos que este Ayuntamiento se ponga las pilas”: Sobre lo que puede generar esto: “Nosotros lo tenemos claros, no podemos rendir tributo. ¿Que a las familias de estas personas moleste? Es hasta cierto punto razonable, lo puedo entender, pero la Ley se cumple con Pemán y con el resto de personas que participaron. No hay más que discutir”.

¿Y si no ha habido avances llegado el plazo? “Se lo haremos saber a la Junta. La Ley contempla las sanciones. Y creo que ni siquiera tiene sentido generar debate, los términos y al Ayuntamiento sólo le queda cumplir con ello”, remacha Ruiz Berdejo.

Respecto a Pemán y a la posibilidad de que vuelva su busto al Villamarta, el historiador Ruiz Mata recuerda que “fue responsable de la depuración de profesores durante la Guerra Civil y la brutal represión, no podemos olvidar ese papel, es responsable”.

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